Los principios bioéticos propuestos por Beauchamp y Childress constituyen el marco más utilizado para orientar las decisiones en geriatría. Estos incluyen autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y se aplican directamente a situaciones donde los adultos mayores enfrentan vulnerabilidad por enfermedades crónicas o dependencia funcional. En la práctica, estos principios ayudan a equilibrar el respeto a las preferencias del paciente con la necesidad de proporcionar cuidados seguros y efectivos.
La autonomía se erige como el principio central en este contexto, ya que reconoce la capacidad del adulto mayor de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y tratamiento cuando conserva competencia. Sin embargo, factores como el deterioro cognitivo o la presión familiar pueden interferir, lo que exige evaluaciones cuidadosas para proteger este derecho sin caer en paternalismo.
El respeto por la autonomía implica garantizar que el adulto mayor reciba información clara sobre riesgos, beneficios y alternativas antes de aceptar o rechazar procedimientos. El consentimiento informado debe adaptarse a posibles limitaciones sensoriales o cognitivas, asegurando que el paciente comprenda realmente las opciones disponibles. Estudios muestran que cuando los profesionales respetan este proceso, mejora la adherencia al tratamiento y se reduce el conflicto ético.
Las decisiones anticipadas y los documentos de voluntades anticipadas son herramientas clave para preservar la autonomía incluso cuando el paciente pierde capacidad posterior. Estos documentos permiten expresar preferencias sobre reanimación, alimentación artificial o institucionalización con antelación, evitando que terceros tomen decisiones que no reflejen los valores del adulto mayor.
La beneficencia obliga a actuar en beneficio del paciente, mientras que la no maleficencia prohíbe causar daño innecesario. En geriatría esto se traduce en evaluar si un tratamiento prolonga realmente la calidad de vida o genera sufrimiento adicional, como en el caso de contenciones físicas que, aunque evitan caídas, pueden afectar la dignidad y la movilidad. Un 19 % de los profesionales encuestados considera normal la aparición de úlceras por presión, lo que evidencia la necesidad de revisar actitudes que normalizan eventos adversos evitables.
El principio de justicia exige una distribución equitativa de recursos sanitarios sin discriminación por edad. El envejecimiento poblacional aumenta la demanda de cuidados, pero limitar el acceso a terapias costosas solo por criterios etarios viola este principio. Los equipos deben priorizar según necesidades clínicas y funcionales, garantizando que los adultos mayores reciban atención comparable a la de otros grupos de edad.
La toma de decisiones en geriatría se complica por la frecuente presencia de comorbilidades, polifarmacia y deterioro cognitivo. Los equipos interdisciplinarios deben integrar valoraciones médicas, psicológicas y sociales para determinar la competencia del paciente. Cuando esta competencia es parcial o fluctuante, se recurre a apoderados legales, pero siempre procurando que reflejen los valores previos del adulto mayor.
La institucionalización representa otro punto crítico. Aunque el adulto mayor tiene derecho a decidir permanecer en su hogar incluso asumiendo riesgos, las familias y profesionales a menudo optan por el ingreso en residencias sin consultar sus preferencias. Esta práctica vulnera la autonomía y puede generar sentimientos de abandono que afectan la salud emocional.
La capacidad de decisión se evalúa clínicamente e implica comprender la información, valorar consecuencias y comunicar una elección coherente. La competencia, en cambio, es una determinación legal que solo puede otorgar un juez. Esta distinción es fundamental porque un paciente declarado incompetente legalmente podría conservar capacidad suficiente para decisiones específicas, como aceptar o rechazar un tratamiento concreto.
Factores temporales como la depresión, la confusión aguda o el uso de sedantes pueden reducir temporalmente la capacidad sin alterar la competencia permanente. Por ello, las evaluaciones deben repetirse y evitar decisiones apresuradas basadas en un único momento de vulnerabilidad.
Las investigaciones revelan que la formación en bioética entre profesionales que atienden a personas mayores es baja, aunque existe alto interés en recibirla. Los principios mejor valorados son confidencialidad y beneficencia, mientras que autonomía y no maleficencia obtienen puntuaciones más bajas. Esta brecha indica que persisten prácticas paternalistas, como camuflar medicación o ignorar negativas al aseo, que contradicen el respeto declarado a la autonomía.
El uso de sujeciones mecánicas sigue siendo controvertido: el 44,1 % de los encuestados las considera aceptables para prevenir caídas, pese a la evidencia que cuestiona su eficacia y señala el daño a la dignidad. Esta actitud contradice las recomendaciones actuales que priorizan alternativas menos restrictivas y la formación continua en ética.
La existencia de comités de ética asistencial mejora la resolución de conflictos, pero más del 60 % de los centros carecen de ellos o los profesionales desconocen su existencia. Estos comités proporcionan asesoramiento en casos complejos y protegen tanto al paciente como al equipo asistencial al documentar procesos deliberativos.
La escasez de personal y recursos, señalada por el 24 % de los encuestados, agrava los dilemas éticos al dificultar la atención individualizada. Instituciones y administraciones deben priorizar dotaciones adecuadas para que los principios bioéticos puedan aplicarse en condiciones reales de trabajo.
Proteger la autonomía de los adultos mayores significa reconocerlos como personas con derecho a decidir sobre su vida y cuidados. Cuando la formación bioética es escasa o las actitudes paternalistas predominan, se corre el riesgo de imponer tratamientos que el paciente no desea. Comprender los principios básicos permite que cualquier persona, familiar o cuidador, exija decisiones compartidas y respetuosas.
En la vida diaria, esto se traduce en preguntar al adulto mayor qué prefiere, explicarle opciones con palabras sencillas y respetar su negativa cuando sea competente. La participación activa de la familia y la comunidad es clave para que los principios éticos pasen del papel a la práctica cotidiana.
Para profesionales sanitarios, la aplicación rigurosa de la escala EAE permite identificar áreas de mejora en actitudes éticas, especialmente en autonomía y no maleficencia. La integración de valoraciones funcionales, cognitivas y de valores del paciente en cada decisión reduce el riesgo de acciones fútiles o discriminatorias. Además, la creación de protocolos basados en evidencia para el uso de contenciones y la documentación sistemática de consentimientos informados son medidas que elevan la calidad ética de la atención.
La investigación futura debería centrarse en intervenciones formativas que midan cambios en actitudes y en la efectividad de los comités de ética para disminuir conflictos en residencias. Solo mediante una combinación de formación, dotación de recursos y cultura institucional de respeto a la dignidad podrá alcanzarse una geriatría verdaderamente centrada en la persona. Descubre más sobre la atención médica especializada o explora cómo el peritaje geriátrico judicial protege estos derechos.
“Miembro de la Junta directiva de la
Asociación Literaria de autores de Navalcarnero
