El envejecimiento poblacional representa uno de los mayores desafíos sociales del siglo XXI. Según proyecciones de la ONU, el número de personas mayores de 60 años se triplicará para 2100, alcanzando los 3.100 millones. Este fenómeno demográfico exige una transformación profunda en el sistema de justicia, que tradicionalmente ha tratado a todos los justiciables bajo las mismas reglas procesales, sin considerar las particularidades biológicas, cognitivas y sociales de las personas mayores.
El peritaje geriátrico judicial emerge como una herramienta fundamental para garantizar un acceso efectivo a la justicia y un trato digno. No se trata únicamente de evaluar el estado de salud física o mental de una persona mayor, sino de analizar cómo sus condiciones específicas impactan en su capacidad procesal, en la comprensión de sus derechos y en la valoración de los hechos que involucran su persona. Este peritaje se convierte en el puente entre la realidad biológica del adulto mayor y las exigencias formales del proceso judicial.
El peritaje geriátrico judicial es un informe técnico elaborado por profesionales especializados en geriatría, gerontología, psicología geriátrica y derecho, que tiene como objetivo proporcionar al juez elementos objetivos para tomar decisiones que respeten la dignidad, autonomía y derechos de las personas mayores. A diferencia de un peritaje médico convencional, este incorpora una visión integral que considera aspectos biopsicosociales, funcionales y contextuales.
Este tipo de peritaje se enfoca en determinar si existen limitaciones cognitivas, sensoriales o motoras que puedan afectar la comprensión de actos jurídicos, la capacidad para declarar, o la vulnerabilidad ante posibles abusos. Su valor radica en humanizar el proceso judicial, evitando que formalismos excesivos o plazos rígidos vulneren derechos fundamentales de quienes, por razones biológicas, tienen un tiempo vital más limitado.
La lentitud histórica de la justicia choca frontalmente con la realidad biológica de las personas mayores. Mientras un proceso civil promedio en muchos países latinoamericanos puede extenderse entre 2 y 5 años, la esperanza de vida restante de una persona de 75 años puede ser significativamente menor. Esta discrepancia temporal genera una injusticia estructural que el derecho no puede seguir ignorando.
El concepto de Derecho Procesal Geriátrico, desarrollado por especialistas como Jorgelina Molina Planas, propone la creación de un subsistema procesal especializado que incorpore principios como la urgencia intrínseca y la urgencia funcional. Estos principios reconocen que el tiempo para una persona mayor no es un simple plazo procesal, sino un elemento vital que debe ser protegido por el Estado mediante mecanismos judiciales ágiles y preferenciales.
La suplencia de la queja, el impulso procesal de oficio y la interpretación pro actione adquieren una dimensión especial cuando se trata de adultos mayores. Los jueces deben interpretar las normas procesales de manera que maximicen el acceso a la justicia, evitando que meros formalismos impidan el conocimiento del fondo del asunto. Este enfoque protege especialmente a quienes enfrentan limitaciones físicas o cognitivas leves que no les impiden ejercer sus derechos, pero sí dificultan el cumplimiento de exigencias formales excesivas.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2015) establece claramente la obligación de los Estados de garantizar un acceso efectivo a la justicia mediante ajustes de procedimiento y tratamiento preferencial. Este instrumento internacional obliga a los países signatarios a desarrollar mecanismos procesales que consideren la especial vulnerabilidad de este grupo etario.
La Guía Práctica elaborada por el Poder Judicial de Chile representa un avance significativo en la materialización de estos derechos. Este documento enfatiza que garantizar un trato digno a las personas mayores comienza por gestos, palabras e infraestructura adecuada. No se trata solo de normas abstractas, sino de transformaciones concretas en la forma en que los tribunales interactúan con los adultos mayores.
La guía propone recomendaciones prácticas que van desde el lenguaje utilizado por los funcionarios judiciales hasta el diseño físico de las salas de audiencia, pasando por la capacitación especializada de jueces, secretarios y peritos. Su objetivo es eliminar barreras físicas, comunicativas y procedimentales que tradicionalmente han dificultado el acceso real a la justicia de este sector de la población.
Entre las principales recomendaciones se encuentran el uso de lenguaje claro y sencillo, la adecuación de horarios de audiencia considerando la fatiga habitual en personas mayores, y la implementación de espacios físicos accesibles con mobiliario adecuado, iluminación suficiente y sistemas de amplificación de sonido. Estos elementos, aparentemente básicos, marcan una diferencia sustancial en la percepción de dignidad durante el proceso judicial.
Asimismo, se recomienda la creación de ventanillas preferenciales, la posibilidad de realizar trámites con acompañamiento, y la implementación de protocolos específicos para la recepción de testimonios que consideren posibles limitaciones sensoriales o de memoria reciente sin presumir automáticamente incapacidad legal.
El perito judicial médico actúa como un traductor entre la ciencia gerontológica y el lenguaje jurídico. Su función no se limita a diagnosticar enfermedades, sino a explicar al juez cómo determinadas condiciones médicas o funcionales impactan en la capacidad de la persona mayor para comprender, decidir, recordar o expresar su voluntad en el contexto de un procedimiento judicial.
Este profesional debe poseer una formación interdisciplinaria que combine conocimientos médicos, psicológicos, sociales y jurídicos. Su informe debe ser claro, preciso y útil para el juez, evitando tanto el exceso de tecnicismos médicos como la simplificación excesiva que pueda llevar a conclusiones erróneas sobre la capacidad legal de la persona evaluada.
El peritaje debe analizar la capacidad funcional en relación con el acto jurídico específico de que se trate. No es lo mismo evaluar la capacidad para otorgar un testamento que para decidir sobre un tratamiento médico o para comprender los alcances de un contrato. Esta evaluación geriátrica integral contextualizada representa uno de los mayores aportes del peritaje geriátrico moderno.
Además, debe identificar posibles situaciones de vulnerabilidad que hagan a la persona mayor susceptible de manipulación, abuso financiero o coerción. En un contexto de creciente violencia patrimonial contra adultos mayores, esta función preventiva del peritaje adquiere especial relevancia para la protección de sus derechos patrimoniales y personales.
La urgencia intrínseca reconoce que para una persona mayor, el mero transcurso del tiempo representa una amenaza a la efectividad de sus derechos. Un proceso que dure varios años puede equivaler, en la práctica, a una denegación de justicia si la persona fallece antes de obtener una resolución. Esta realidad biológica debe ser incorporada como un elemento central en la interpretación y aplicación de las normas procesales.
La urgencia funcional, por su parte, se relaciona con la necesidad de que las sentencias sean efectivamente cumplidas en un plazo razonable. De nada sirve obtener una sentencia favorable si los bienes objeto del litigio han sido dilapidados o transferidos durante la excesiva duración del proceso. Ambas urgencias justifican la implementación de trámites preferenciales y plazos reducidos en procesos que involucren a personas mayores.
La creación de juzgados especializados en temas geriátricos representa una solución estructural al problema. Estos tribunales contarían con personal capacitado, infraestructura adecuada y protocolos procesales adaptados. La especialización permitiría desarrollar una jurisprudencia más sensible a las necesidades específicas de este grupo etario.
Alternativamente, mientras se avanza hacia la especialización judicial, es posible implementar «ventanillas geriátricas» o «protocolos preferenciales» dentro de los tribunales existentes. Estas medidas pueden incluir la reducción de plazos, la priorización en el rol de causas, la posibilidad de tramitación electrónica simplificada y la obligación de resolver incidentes en una única audiencia.
El peritaje geriátrico judicial no es un mero trámite técnico, sino una herramienta de justicia humana que reconoce que las personas mayores merecen un trato diferenciado por sus circunstancias vitales. Garantiza que sus voces sean escuchadas, que sus derechos sean protegidos y que su dignidad sea respetada hasta el final de sus días. Se trata de adaptar la justicia a las personas y no obligar a las personas a adaptarse a una justicia rígida e insensible.
La implementación efectiva de estos principios requiere voluntad política, capacitación continua de operadores de justicia y un cambio cultural que valore la experiencia y sabiduría de las personas mayores. Solo así lograremos construir un sistema judicial verdaderamente inclusivo que no deje atrás a quienes más han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad.
El desarrollo del Derecho Procesal Geriátrico exige una aproximación interdisciplinaria rigurosa. Los peritos deben perfeccionar protocolos de evaluación validados científicamente que permitan una valoración funcional específica para cada tipo de acto jurídico, evitando tanto la sobreprotección paternalista como la desprotección por falta de ajustes razonables. La estandarización de estos protocolos será clave para generar predictibilidad y seguridad jurídica.
Los legisladores y autoridades judiciales deben avanzar hacia la creación de normas procesales específicas que incorporen la urgencia vital como principio rector, estableciendo plazos máximos reducidos, suplencia amplia de la queja, impulso procesal de oficio y ejecución preferencial de sentencias. La formación continua de jueces, fiscales, defensores y peritos en gerontología jurídica no es una opción, sino una obligación derivada de los compromisos internacionales asumidos mediante la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. Solo mediante esta transformación profunda podremos materializar el principio constitucional de tutela judicial efectiva para uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
“Miembro de la Junta directiva de la
Asociación Literaria de autores de Navalcarnero
