El envejecimiento acelerado de la población representa uno de los mayores retos para los sistemas de salud en todo el mundo. En países como Chile, según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 17,5% de la población supera los 65 años, y las proyecciones de la CEPAL indican que esta cifra podría alcanzar el 30% hacia 2050. Este fenómeno, combinado con desigualdades territoriales profundas, genera una presión sin precedentes sobre los servicios sanitarios, especialmente en zonas rurales y comunas periféricas donde el acceso a especialistas es limitado o inexistente.
Frente a esta realidad, la telemedicina emerge como una solución estratégica, efectiva y de rápida implementación. La Organización Mundial de la Salud ha destacado que la telemedicina y sus aplicaciones específicas —como la telegeriatría— representan alternativas costo-efectivas, accesibles e inclusivas, capaces de mejorar la calidad de la atención, reducir la morbilidad y disminuir la mortalidad en poblaciones vulnerables. No se trata de reemplazar la atención presencial, sino de complementarla con herramientas digitales que amplíen la cobertura y derriben las barreras geográficas.
La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de plataformas digitales en salud, demostrando que es posible brindar atención de calidad a distancia. Sin embargo, el desafío actual es consolidar estos avances y extenderlos de manera planificada hacia la población mayor, el segmento que más necesita soluciones de acceso y que, paradójicamente, ha sido menos considerado en el diseño de estas tecnologías.
Existe una creencia extendida de que las personas mayores rechazan la tecnología o son incapaces de utilizarla. Sin embargo, la evidencia científica la contradice de forma contundente. Una revisión sistemática publicada en la revista Telemedicine and e-HEALTH reveló que el 65% de la población anciana estudiada manifiesta un interés genuino por mantenerse al corriente de los avances tecnológicos y participar activamente en soluciones de telemedicina. Este dato transforma por completo el punto de partida: el problema no está en la actitud de los usuarios, sino en el diseño de los sistemas.
Los diseñadores de plataformas de telemedicina, generalmente, no consideran a este grupo etario como usuarios potenciales. Como consecuencia, prestan poca atención a sus necesidades específicas y no contemplan sus limitaciones —visuales, auditivas, cognitivas o motrices— como una oportunidad de desarrollo. El resultado es una brecha de usabilidad que excluye precisamente a quienes más podrían beneficiarse de la atención remota: adultos mayores con movilidad reducida, enfermedades crónicas o residencia en zonas aisladas.
La inclusión digital de las personas mayores no es un objetivo secundario ni un lujo tecnológico, sino una condición indispensable para garantizar el derecho a la salud en condiciones de equidad. Cuando un sistema de teleconsulta exige múltiples pasos de autenticación, utiliza interfaces sobrecargadas de información o requiere una conexión de banda ancha que no está disponible en sectores rurales, está generando nuevas formas de exclusión en lugar de resolver las existentes.
Para que una plataforma de telegeriatría sea efectiva, debe seguir los principios del diseño centrado en el usuario, adaptándose a las características y necesidades de las personas mayores. La facilidad de uso es, según los estudios, el factor que más influye en la aceptación de las nuevas tecnologías por parte de este grupo. No basta con que el sistema funcione técnicamente: debe ser intuitivo, amigable y requerir la menor cantidad posible de pasos para completar una consulta o seguimiento.
Entre los elementos fundamentales de un diseño accesible para adultos mayores se encuentran:
Las experiencias exitosas en países con alta dispersión geográfica demuestran que estas adaptaciones son factibles y tienen un impacto directo en la adherencia al tratamiento, la satisfacción usuaria y los resultados clínicos. Invertir en usabilidad no es un costo adicional, sino un multiplicador de la efectividad de todo el sistema.
El concepto de Hospital Digital desarrollado por el Ministerio de Salud de Chile representa un caso paradigmático de cómo estructurar servicios de telemedicina especializada para la atención primaria. A través de su célula de geriatría, este modelo ofrece una estrategia de telemedicina asincrónica que conecta a profesionales de la atención primaria con especialistas en geriatría, sin necesidad de que el paciente se traslade a un centro de referencia ni que ambos interactúen en tiempo real.
El modelo opera como un sistema de interconsulta diferida: el médico o profesional de atención primaria completa un formulario clínico estructurado con los antecedentes del paciente, lo envía a través de la plataforma y recibe, en un plazo definido, las recomendaciones diagnósticas y terapéuticas del geriatra. Esta modalidad resuelve uno de los principales cuellos de botella de la telemedicina sincrónica: la dificultad de coordinar agendas entre profesionales de distintos niveles asistenciales y la dependencia de una conectividad robusta en el momento exacto de la consulta.
Los capítulos o «cápsulas» formativas de este programa abordan preguntas esenciales como el perfil de las personas mayores que consultan en atención primaria, los problemas específicos de acceso al sistema de salud, el viaje del usuario dentro de la célula de geriatría y la aplicación práctica de los protocolos clínicos. Esta estructura modular permite que los equipos locales adquieran competencias progresivamente, mientras el respaldo del especialista está disponible de manera continua.
Una intervención de telegeriatría con vocación de escalabilidad y sostenibilidad debe articularse en torno a componentes claramente definidos y gestionados de forma coordinada. La experiencia internacional y los proyectos piloto implementados en distintos países permiten identificar tres pilares fundamentales que toda estrategia integral debería considerar.
El primer componente es una plataforma operativa centralizada que funcione como eje de gestión clínica, tecnológica y formativa. No se trata simplemente de un software de videollamadas, sino de un entorno digital que integre la historia clínica electrónica, el sistema de agendamiento, los protocolos de derivación y las herramientas de seguimiento. La infraestructura ya existe en muchos sistemas públicos: la clave está en adaptarla y crear módulos específicos para geriatría.
Los servicios que debe ofrecer esta red incluyen videoconsultas programadas desde distintos puntos de acceso —hogares, centros comunitarios, unidades móviles—, seguimiento personalizado con alertas clínicas para pacientes con dependencia moderada o enfermedades crónicas, y un repositorio de protocolos actualizados que oriente la toma de decisiones en los equipos locales. La interoperabilidad con los sistemas de información sanitaria existentes es una condición innegociable para evitar la duplicación de registros y garantizar la continuidad asistencial.
El segundo pilar es la articulación con prestadores privados que dispongan de capacidad instalada subutilizada. Estudios de la Escuela de Salud Pública de Chile han evidenciado que los centros privados presentan una capacidad ociosa superior al 20%, especialmente en horarios de baja demanda. Activar esos recursos mediante convenios formales permite ampliar la cobertura sin necesidad de construir nueva infraestructura ni contratar personal adicional en el sistema público.
El esquema de incentivos debe equilibrar la rentabilidad social con la sostenibilidad financiera. Entre los mecanismos más efectivos se encuentran la deducción tributaria por horas profesionales donadas, el acceso preferente a programas de formación continua para los equipos clínicos participantes, y un sello de reconocimiento público que fortalezca el posicionamiento institucional del prestador. La experiencia de convenios como los desarrollados entre la Clínica Alemana y el Hospital de Linares —que permitió más de 120 cirugías y 60 consultas de especialidad en un año sin generar costos estructurales adicionales— demuestra que este modelo es viable y replicable.
El tercer componente es la capacitación permanente de los equipos locales. La telegeriatría no consiste solo en conectar a un paciente con un especialista distante, sino en fortalecer las capacidades resolutivas del primer nivel de atención. Las mentorías clínicas remotas, lideradas por geriatras de centros de referencia, permiten acompañar decisiones clínicas complejas, discutir casos en tiempo real y transferir conocimiento de manera práctica y contextualizada.
Este eje formativo también debe contemplar la inclusión digital de los usuarios finales. Los talleres móviles —vehículos equipados con conectividad y material pedagógico que recorren zonas rurales— han mostrado resultados prometedores en la capacitación de adultos mayores y cuidadores. Las universidades estatales, como aliadas estratégicas, pueden liderar el diseño de diplomados, la formación de mentores y la evaluación de competencias, cerrando así el círculo entre docencia, investigación y servicio comunitario.
Una de las principales causas de fracaso en las intervenciones de salud digital es la ambición desmedida de las etapas iniciales. La evidencia aconseja un enfoque de implementación progresiva, que permita validar el modelo en entornos controlados antes de extenderlo a territorios más complejos. Las fases recomendadas son:
Fase 1. Piloto comunal acotado:
Fase 2. Escalamiento territorial planificado:
Esta hoja de ruta permite que la intervención se adapte a las particularidades de cada territorio, minimizando los riesgos de una implementación apresurada y maximizando el aprendizaje institucional. La gradualidad no es sinónimo de lentitud, sino de solidez y responsabilidad en el uso de recursos públicos.
Un sistema de telegeriatría que aspire a la excelencia debe incorporar, desde su diseño, mecanismos robustos de monitoreo, evaluación y transparencia. No basta con contar los pacientes atendidos: es necesario medir la calidad de esas atenciones, la satisfacción de los usuarios, el impacto en las listas de espera y la relación costo-beneficio de la intervención. La plataforma tecnológica debe generar automáticamente reportes periódicos que permitan a los gestores tomar decisiones basadas en datos reales.
Entre los indicadores fundamentales se encuentran el número de videoconsultas realizadas por comuna, las horas médicas donadas por prestadores privados, la reducción efectiva de las listas de espera en especialidad geriátrica, la proporción de adultos mayores que alcanzan al menos dos controles anuales, el nivel de satisfacción usuaria medido mediante encuestas post-consulta y la tasa de participación de profesionales en mentorías clínicas y talleres formativos.
La rendición de cuentas también debe contemplar auditorías externas y espacios de participación comunitaria. Los consejos consultivos de personas mayores, las organizaciones de la sociedad civil y los propios equipos de salud deben tener canales institucionales para evaluar el programa y proponer mejoras. La transparencia no solo previene irregularidades: construye la confianza que sostiene la colaboración entre el Estado, los prestadores privados, las universidades y las comunidades.
Uno de los mitos más persistentes sobre la telemedicina es que requiere inversiones millonarias en tecnología de punta. La realidad es que una estrategia de telegeriatría puede implementarse aprovechando capacidades ya instaladas, con inversiones complementarias acotadas y un esquema de financiamiento compartido entre distintas reparticiones públicas. La experiencia chilena estima un costo aproximado de $57,430 pesos por persona atendida en la fase piloto, una cifra competitiva si se considera que extiende la cobertura a zonas rurales, reduce las cargas logísticas municipales y permite la continuidad del cuidado en situaciones donde la alternativa es simplemente la falta de atención.
Los beneficios, por su parte, van mucho más allá del ahorro económico. Para el adulto mayor, la telegeriatría evita desplazamientos innecesarios, reduce el estrés asociado a las visitas presenciales, disminuye la dependencia de familiares para el transporte y mejora la seguridad al sentirse acompañado y monitoreado. Para el sistema de salud en su conjunto, permite reducir listas de espera, mejorar la eficacia de los tratamientos gracias al seguimiento remoto y optimizar recursos al disminuir la presión sobre la infraestructura física y el personal clínico.
Desde una perspectiva de justicia territorial, la inversión en telegeriatría representa un paso hacia un modelo más equitativo, donde las personas mayores —vivan donde vivan— puedan acceder a cuidados dignos, oportunos y continuos, ejerciendo activamente su derecho a envejecer con autonomía y calidad de vida.
La telegeriatría no es solo una herramienta clínica, sino un instrumento de empoderamiento y equidad social. Al facilitar el acceso a atención especializada sin necesidad de traslados físicos ni copagos —financiada mediante tarifas del seguro público o convenios con prestadores privados—, se eliminan barreras económicas que hoy excluyen a miles de adultos mayores del sistema. La posibilidad de recibir seguimiento regular desde el hogar reduce la dependencia de cuidadores, evita hospitalizaciones prevenibles y alivia la carga financiera y emocional de las familias.
Desde una perspectiva de género, la telegeriatría beneficia especialmente a las mujeres mayores, quienes constituyen la mayoría de la población anciana y suelen asumir, además, el rol de cuidadoras de otros familiares. Al reducir los tiempos de desplazamiento y espera, la atención remota les permite compatibilizar mejor sus necesidades de salud con las responsabilidades domésticas y de cuidado que culturalmente se les han asignado.
La inclusión digital, cuando se aborda con los apoyos adecuados, se convierte en un vehículo de participación social. Las personas mayores que aprenden a utilizar plataformas de teleconsulta ganan confianza en el manejo de otras herramientas digitales —mensajería, videollamadas familiares, trámites en línea—, lo que reduce el aislamiento social y fortalece sus redes de apoyo. Así, la telegeriatría trasciende lo estrictamente médico y se inserta en una estrategia más amplia de envejecimiento activo y conectado.
La telemedicina aplicada a la geriatría es mucho más que una solución tecnológica de emergencia: representa una oportunidad histórica para construir sistemas de salud más justos, inclusivos y sostenibles. Los adultos mayores no son un obstáculo para la digitalización de la salud, sino usuarios con necesidades y expectativas legítimas que deben ser escuchadas y atendidas. Cuando las plataformas se diseñan pensando en ellos —con interfaces simples, canales de acceso diversos y acompañamiento humano—, la adherencia y los resultados clínicos mejoran sustancialmente.
La propuesta no es abandonar la atención presencial ni sustituir el vínculo humano por pantallas, sino ampliar las opciones disponibles para que cada persona, según su condición, ubicación geográfica y preferencias, pueda acceder al cuidado que necesita. En un contexto de envejecimiento acelerado y escasez de especialistas, la telegeriatría no es una alternativa entre muchas: es una pieza indispensable del rompecabezas de la cobertura universal de salud.
La evidencia revisada indica que las intervenciones de telegeriatría alcanzan su máximo potencial cuando se estructuran en torno a tres ejes interdependientes: una plataforma operativa centralizada que integre los flujos clínicos y administrativos, un sistema de alianzas público-privadas con incentivos tributarios y formativos claramente definidos, y un componente de formación continua que combine mentorías remotas con capacitación en competencias digitales para los equipos locales y los usuarios finales.
La implementación debe seguir un enfoque de fases graduales, comenzando con pilotos acotados que permitan validar supuestos, medir costos reales y ajustar protocolos antes de escalar territorialmente. Los criterios de priorización deben basarse en indicadores objetivos: índice de envejecimiento comunal, infraestructura digital disponible, presencia de redes comunitarias organizadas y compromiso institucional de los gobiernos locales. La evaluación debe ser multidimensional, combinando indicadores cuantitativos de cobertura con mediciones cualitativas de satisfacción usuaria y análisis de costo-efectividad, en un marco de transparencia y rendición de cuentas que involucre a todos los actores del ecosistema.
“Miembro de la Junta directiva de la
Asociación Literaria de autores de Navalcarnero
